El partido de Rivadavia, según el relevamiento del PRIHA y el Observatorio de Tierras, registra un 2,58% de su superficie rural en manos extranjeras, lo que lo ubica en el puesto 61 sobre 135 distritos bonaerenses. A nivel provincial, el Observatorio de Tierras contabilizó 289.802 hectáreas en manos extranjeras distribuidas en 28 partidos de Buenos Aires, el 8,21% del total de esos distritos, encabezados por Zárate, con el 24,8%, y Campana, con el 50,3% de sus tierras rurales extranjerizadas.
A nivel nacional, Argentina tiene 266.643.212 hectáreas computadas como superficie rural, de las cuales 13.262.725 están registradas bajo titularidad o posesión extranjera, lo que representa el 4,97% del total, según los últimos datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). El Observatorio de Tierras señala que hay 36 departamentos que ya exceden el límite del 15% fijado por la Ley de Tierras vigente, y en cuatro de ellos la extranjerización supera el 50%: San Carlos (Salta), con el 59,82%; Molinos (Salta), con el 57,79%; General Lamadrid (La Rioja), con el 56,70%; y Lácar (Neuquén), con el 54,17%. Entre las provincias, Salta encabeza con el 11,40% de su territorio rural extranjerizado, seguida por Misiones (11,29%), San Juan (10,36%), Mendoza (9,06%), Catamarca (8,22%), Santa Cruz (8,11%) y Corrientes (7,63%).
Quien regula estas mediciones es la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, sancionada en diciembre de 2011. Establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio, fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la compra de campos sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. Además, ninguna persona física o jurídica de una misma nacionalidad extranjera puede superar el 30% del porcentaje asignado a la titularidad extranjera, y la norma prohíbe la interposición de personas argentinas para simular una titularidad nacional y eludir así esos límites.
El antecedente más citado de esta ley es el caso de Valle Hermoso, en La Rioja, donde en 2008 un inversor estadounidense adquirió 200.000 hectáreas que incluían la totalidad de una comunidad rural y sus recursos, con campos, montañas, fuentes de agua y también el pueblo, con sus habitantes, una escuela, una capilla y un puesto sanitario. Ese episodio volvió al centro del debate en 2026, cuando el Gobierno nacional impulsó, a través del ministro Federico Sturzenegger, un proyecto llamado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» que buscaba eliminar buena parte de los límites vigentes; finalmente, el capítulo sobre extranjerización de tierras fue retirado del Senado al constatarse la falta de votos necesarios, tras una fuerte presión social, política y de gobernadores provinciales.