A partir del 23 de marzo, el Gobierno de Javier Milei eliminará el Plan de Pago de Deuda Previsional, mecanismo que permitía a trabajadores sin los 30 años de aportes acceder a una jubilación mediante cuotas. La medida afecta directamente a miles de personas en edad jubilatoria que trabajaron en la informalidad, especialmente a mujeres. La Ley 27.705, que regulaba este beneficio desde 2023, perderá vigencia sin posibilidad de prórroga por decreto, mientras en el Congreso no hay avances para su extensión. Esta decisión representará un fuerte golpe para el sistema previsional, ya que solo tres de cada diez hombres y una de cada diez mujeres podrán acceder a una jubilación contributiva.
El fin de la moratoria se da en un contexto de crisis previsional y pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. En marzo, el Gobierno dispuso un aumento del 2,21% en las jubilaciones, dejando la mínima en $349.121, una cifra que apenas supera la línea de pobreza. La decisión generó indignación y llevó a una protesta frente al Congreso encabezada por jubilados y organizaciones sociales, que terminó en represión por parte de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la eliminación del plan de pagos no solo afecta los ingresos de los adultos mayores, sino que también los deja sin cobertura médica, ya que muchas prestaciones están vinculadas a la jubilación.
El impacto de esta medida también se extiende a quienes aún no han llegado a la edad jubilatoria. Hasta ahora, la ley permitía a trabajadores mayores de 50 años con menos de 20 años de aportes empezar a regularizar su deuda previsional, asegurando un retiro con cobertura. Sin embargo, con la eliminación de la moratoria, esta posibilidad quedará en incertidumbre, y miles de personas deberán esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima y exige condiciones socioeconómicas específicas. En la práctica, la medida supone un aumento encubierto de la edad jubilatoria, afectando especialmente a las mujeres.
El Gobierno defiende la eliminación de la moratoria argumentando la necesidad de sanear las cuentas públicas, mientras que desde la oposición y sectores sindicales advierten sobre el impacto social de la medida. Sin una alternativa concreta en marcha, miles de personas en edad jubilatoria quedarán excluidas del sistema, enfrentando un futuro sin ingresos ni acceso garantizado a la salud.
