El anuncio del Gobierno sobre la posible eliminación del agravante de femicidio en el Código Penal generó diferencias dentro de la propia administración, ya que especialistas en derecho advierten que esta medida podría beneficiar a numerosos condenados, permitiéndoles solicitar una reducción de sus penas e incluso acceder a la libertad condicional.
Por este motivo, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un nuevo proyecto de ley más amplio, que buscaría proteger a la familia como bien jurídico principal e incluiría disposiciones sobre violencia de género.
El presidente Javier Milei, en su discurso en Davos, criticó la ideología de género y cuestionó que en algunos países se establezcan penas más severas cuando la víctima de un homicidio es una mujer, lo que, según él, implicaría una desigualdad ante la ley. Poco después, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó a través de redes sociales la intención de derogar el agravante de femicidio, argumentando que la administración actual defiende la igualdad ante la ley.
Sin embargo, al avanzar con los estudios técnicos sobre esta reforma, surgieron preocupaciones respecto a las posibles consecuencias legales. En el ámbito jurídico, rige el principio de aplicación de la ley más benigna, lo que significa que, si se elimina el agravante, las penas podrían reducirse para aquellos condenados por femicidio, incluso en casos con sentencia firme. Como resultado, muchos de ellos podrían solicitar una revisión de su condena y obtener la libertad de manera anticipada.
Ante este panorama, el Gobierno busca alternativas para evitar estos efectos no deseados mientras avanza en la reforma del Código Penal.
