Hace ya varios días que, cada vez que entro a Instagram, mi red social predilecta, me encuentro casi a diario con publicaciones y reels de Rivadavia Primero que resaltan la palabra impuestazo y hacen referencia a la suba de tasas municipales, con porcentajes que, a simple vista, parecen desorbitantes. Lo mismo ocurre cuando entro a Facebook.
No recuerdo años anteriores en los que se haya dado un debate tan álgido y tan público en torno al presupuesto municipal. Tal vez algún cruce o un par de denuncias en 2025, cuando el oficialismo acusó a la oposición, Rivadavia Primero, de no aprobar el presupuesto para ese año, pero fueron discusiones que, al menos en términos digitales, quedaron rápidamente en el olvido.
Por eso, vale la pena responder una pregunta clave: ¿En qué momento el presupuesto municipal pasó de ser un expediente técnico que nadie leía a convertirse en el tema más repetido de las redes sociales de Rivadavia?
Pero antes, por si alguien lo necesita: el presupuesto municipal es el instrumento legal y político mediante el cual un municipio prevé los recursos que ingresarán durante un año y establece cómo se distribuirán para financiar el funcionamiento del Estado local, los servicios públicos y las políticas públicas. Dicho en otras palabras, es el plan que define con qué dinero va a contar el municipio y en qué lo va a gastar, fijando prioridades y límites para la gestión.
El ‘impuestazo’: de dónde salen los números que agita la oposición
La palabra “impuestazo” no aparece por casualidad, es el concepto elegido por Rivadavia Primero para sintetizar, en un solo término, una serie de aumentos en tasas municipales que el Presupuesto 2026 prevé actualizar. El foco no está puesto tanto en el esquema general del presupuesto, sino en los porcentajes de suba, que en redes sociales se presentan como cifras aisladas y sin contexto.
Por ejemplo, si miramos estas subas en porcentajes, los números suenan alarmantes. Un aumento del 1.113,1% en el carnet de conducir, 212,5% en el servicio atmosférico, 321,3% en servicios urbanos o 145,5% en el retiro de escombros parecen, a simple vista, difíciles de justificar.
Sin embargo, cuando esos porcentajes se traducen a pesos, el escenario cambia. El carnet de conducir pasa de $2.860,30 a $34.700 y se abona una sola vez cada cinco años. El servicio atmosférico aumenta de $6.400 a $20.000. Los servicios urbanos pasan de $239 a $1.007, mientras que el retiro de escombros sube de $4.887 a $12.000.
Los montos, lejos de ser insignificantes, muestran otra dimensión del debate: no se trata solo de subas abruptas, sino de tasas que venían extremadamente desactualizadas, con valores que ya no guardaban relación con los costos reales de los servicios que presta el municipio.
Y ahí aparece la pregunta de fondo: ¿por qué estaban tan atrasadas esas tasas?
Para entender por qué estos aumentos parecen tan abruptos, hay que volver un poco en el tiempo. Más precisamente, a principios de 2025, cuando Rivadavia no tuvo presupuesto aprobado y el municipio se vio obligado a gobernar con números que ya no reflejaban la economía real.
Volver a 2025
A principios de 2025, durante el debate del presupuesto de ese año, el libreto fue prácticamente el mismo. Rivadavia Primero acusó al oficialismo de impulsar un “impuestazo” a partir de la actualización de tasas municipales. Algunos quizás todavía recuerden el famoso video del concejal Héctor García, exhibiendo un paquete de arroz, uno de fideos y uno de harina, para graficar que el supuesto impuestazo equivalía al valor de esa compra básica, que en ese momento rondaba los $5.220 y se pagaban bimestralmente.
La diferencia es que, en aquel entonces, la oposición tenía mayoría en el Concejo Deliberante. El resultado fue la no aprobación del presupuesto y su consecuente prórroga. Así, el intendente Juanci Martínez terminó gobernando todo 2025 con un presupuesto desactualizado, diseñado originalmente en 2023 para ejecutarse en 2024, en un contexto económico que ya había cambiado por completo.
¿Y qué pasó mientras tanto con la economía? El 2025 cerró con una inflación acumulada del 31,5%. Sin embargo, esa desaceleración no fue pareja. Mientras algunos bienes, como los alimentos, evolucionaron cerca del promedio, los servicios y precios regulados fueron los que empujaron con más fuerza.
En números concretos:
- Alimentos y bebidas: variación anual cercana al 32,2%.
- Combustibles: aumento del 41,8%.
- Servicios públicos (luz, gas y agua): subas del 41,6%.
A ese escenario inflacionario se le sumaron dos factores estructurales que terminaron presionando aún más a los municipios. Por un lado, la reducción o eliminación de prestaciones y programas sociales por parte del gobierno nacional, que trasladó muchas demandas directamente al nivel local. Por otro, la persistente disputa política e ideológica entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que derivó en una deuda multimillonaria de la Nación con la Provincia por coparticipación, cercana a los 14 billones de pesos.
Ese faltante no queda en una pelea abstracta entre Nación y Provincia. Baja en cascada y golpea de lleno a los municipios, que son donde primero se sienten los problemas. En concreto, menos coparticipación significa menos recursos para el partido y, en consecuencia, menos dinero para salud, educación y obras públicas.
Entonces, ¿impuestazo o actualización tardía?
Con este recorrido, la discusión empieza a correrse del terreno del impacto discursivo al de los datos concretos. Los porcentajes que hoy circulan con fuerza en redes sociales no surgen de un aumento repentino ni de una decisión aislada, sino de la necesidad de actualizar tasas que quedaron fuertemente atrasadas tras un 2025 sin presupuesto aprobado y con un esquema de ingresos pensado para otra realidad económica.
El problema no es menor: cuando las tasas se congelan durante un año atravesado por inflación, suba de servicios, aumento de combustibles y mayor demanda social, el ajuste no desaparece, simplemente se acumula. Y cuando finalmente llega la actualización, los números, expresados en porcentajes, resultan tan llamativos como funcionales a la polémica.
Desde el oficialismo, la concejal de Somos Rivadavia, Gabriela Orga, en la última sesión del Consejo Deliberante apuntó directamente contra la estrategia opositora. “La oposición está buscando hacer una rendición de cuentas del tratamiento del presupuesto municipal con una clara intención de confundir y complejizar la situación”, sostuvo. Y recordó un dato clave del último año: “Estuvimos todo el año pasado sin presupuesto municipal”.
En ese sentido, Orga buscó llevar tranquilidad y desactivar el clima de alarma: “Quiero darle tranquilidad a la gente de que se puede gobernar igual y que se puede llevar adelante todas las gestiones y las decisiones políticas que el intendente tiene planificadas y proyectadas”.
Así, el debate vuelve a la pregunta inicial. No tanto si el presupuesto 2026 es o no un “impuestazo”, sino por qué un expediente técnico terminó convertido en el principal campo de batalla político y digital de Rivadavia, y qué parte de esa discusión responde a la economía real y cuál a una estrategia de posicionamiento opositor orientada a desgastar al gobierno municipal, a poco más de un año de una nueva elección para intendente.
✍️ Carla.