En los últimos días, una investigación basada en datos públicos de la plataforma “¿Cuánto Deben?” reveló que una serie de funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza (LLA) accedieron a créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación. La polémica escaló rápidamente al conocerse que las deudas registradas por algunos diputados, como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, oscilan entre los $230 millones y $279 millones.
Justicia Federal y nombres bajo sospecha
La controversia ya llegó a los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas abrió una causa penal por supuesta defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público para determinar si hubo trato preferencial. Entre los denunciados figuran nombres de peso dentro del ecosistema libertario, como Juan Pablo Carreira (conocido en redes como «Juan Doe» y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial), el secretario de Finanzas Federico Furiase, y otros funcionarios como Felipe Núñez, Santiago Santurio, Sharif Menem y Guillermo Madero. La justicia investiga si se aprobaron préstamos con dictámenes técnicos desfavorables o si se excedieron los límites permitidos para Personas Políticamente Expuestas (PEP).
La defensa del oficialismo
Desde el Gobierno y el Banco Nación aseguran que no hubo irregularidades. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que «no hay nada ilegal» y que los funcionarios simplemente utilizaron líneas de crédito UVA disponibles para cualquier ciudadano que califique. Por su parte, la entidad bancaria aclaró que el proceso fue «homogéneo» y que los beneficiarios poseen cuentas sueldo en el banco, lo que facilita el acceso al crédito. Referentes como el diputado Agustín Romo minimizaron el impacto, señalando que se otorgaron casi 30.000 créditos en total y que los funcionarios representan una minoría que «devolverá el dinero» como cualquier otro deudor.