El Congreso aprobó un cambio histórico en las leyes del trabajo que reduce cargas patronales, limita huelgas y crea un fondo de cese manejado por bancos.
En una sesión marcada por la alta tensión social y un fuerte despliegue policial, el Gobierno de Javier Milei logró un triunfo legislativo determinante al aprobarse la denominada Ley de Modernización Laboral. Con 42 votos a favor, el Congreso desmanteló una estructura normativa vigente desde 1974, introduciendo cambios estructurales que facilitan la operatividad empresarial. Esta reforma no solo representa un cambio de paradigma económico, sino que busca, según el discurso oficial, «insertar a Argentina en el siglo XXI» mediante la reducción de lo que el Ejecutivo denomina «la industria del juicio».
Uno de los pilares más disruptivos es la modificación de la jornada laboral, que ahora podrá extenderse legalmente hasta las 12 horas diarias, sumado a la virtual eliminación de la obligatoriedad en el pago de horas extras bajo ciertos esquemas de «banco de horas». Asimismo, la ley asesta un golpe al modelo sindical tradicional al establecer servicios mínimos de hasta el 75% en sectores considerados esenciales (como salud, educación y transporte), lo que en la práctica neutraliza gran parte de la capacidad de presión de los gremios ante futuros conflictos.
La reforma introduce el polémico Fondo de Cese Laboral, un sistema inspirado en el modelo de la construcción (UOCRA) donde el empleador aporta mensualmente a un fideicomiso para cubrir futuras indemnizaciones. Lo controversial de este punto, según especialistas financieros, es que estos fondos se desviarán de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hacia entidades bancarias privadas. De acuerdo con informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta medida podría profundizar el desfinanciamiento del sistema previsional a largo plazo, mientras que para la Unión Industrial Argentina (UIA) es la herramienta clave para eliminar la incertidumbre en los costos de salida.
Finalmente, el nuevo marco legal extiende el período de prueba de los trabajadores (que podría llegar hasta un año en empresas pequeñas) y elimina multas por trabajo no registrado, incentivando la regularización a través de una amplia amnistía para empleadores. Mientras los sectores empresariales celebran la reducción de las cargas patronales, las centrales obreras como la CGT ya han manifestado que el conflicto se trasladará ahora al ámbito judicial. La justicia argentina deberá determinar en los próximos meses la constitucionalidad de varios artículos que, según los detractores, vulneran el principio de progresividad de los derechos humanos.