El organismo de control bonaerense ratificó que no existieron cobros indebidos ni perjuicio al patrimonio público, desestimando las denuncias por supuestas irregularidades salariales presentadas por la oposición.
En un fallo que redefine el escenario político local, el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires resolvió aprobar por unanimidad la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 de la Municipalidad de Rivadavia. Según una publicación difundida por la agrupación Somos Rivadavia en sus redes sociales, los cinco integrantes del cuerpo técnico coincidieron en que los estados contables presentados reflejan con razonabilidad la situación patrimonial y financiera de la comuna, cumpliendo estrictamente con las prescripciones legales y presupuestarias vigentes.
La resolución del tribunal, un organismo caracterizado por su perfil técnico e imparcial, convalida el proceder del Gobierno municipal y descarta la existencia de daños al patrimonio público. En sus considerandos, el fallo subraya que la rendición presentada por los responsables se ajustó a las normas, otorgando un respaldo institucional definitivo a la transparencia de la administración durante el último ejercicio auditado.
Este dictamen deja oficialmente desestimada la denuncia mediática sostenida por el bloque de Rivadavia Primero, que aseguraba que diversos funcionarios habían percibido cobros indebidos y que deberían afrontar un reintegro económico. Por el contrario, el Tribunal de Cuentas no presentó cargos ni realizó observaciones sobre la estructura salarial vigente, ratificando que la política de haberes se encuentra dentro de la norma y es competencia exclusiva del Departamento Ejecutivo.
Finalmente, si bien el fallo contempla la imposición de multas de carácter formal derivadas de errores administrativos menores, el organismo aclaró que estas no guardan relación con irregularidades graves ni perjuicios económicos. Al ser un fallo sin cargos, se confirma que no existe responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios, cerrando así la controversia sobre la supuesta obligación de devolver dinero al erario público.